La Prisión Central de Mujeres de Segovia: un espacio clave de la represión franquista
La escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich tituló uno de sus libros más conocidos La guerra no tiene rostro de mujer, una obra construida a partir de testimonios de mujeres soviéticas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato heroico oficial. Su trabajo nos recuerda hasta qué punto la historia de la guerra se ha contado casi siempre desde una mirada masculina: las mujeres aparecen como víctimas colaterales, figuras secundarias o presencias anónimas, pero rara vez como sujetos políticos con voz propia. “En España, y también en Segovia, la guerra y la posguerra sí tuvieron rostro de mujer, aunque todavía a día de hoy nos cueste mirar.”
Este texto propone cuestionarla desde un lugar concreto de memoria: la Cárcel de Segovia. Desde BellumNostrum apostamos por un turismo educativo para entender el franquismo que ponga en el centro a quienes fueron borradas de los relatos oficiales y por unos itinerarios de la memoria que permitan comprender, sobre el terreno, cómo funcionaron los engranajes de la represión y la resistencia. En estas líneas nos detendremos en el papel de las mujeres encarceladas en Segovia: presas políticas, madres, militantes, supervivientes del sistema penitenciario franquista y, más tarde, también mujeres sometidas a otras formas de encierro y control moral.
Para muchas de ellas, la represión no comenzaba al cruzar la puerta de la prisión, sino en el mismo momento de la detención, en comisarías y sótanos donde la violencia física y psicológica formaba parte del procedimiento. Como recuerda una de las protagonistas del documental Del olvido a la memoria. Presas de Franco: “Cuando me detuvieron, como primero pegan y después preguntan, me pegaron…”.
“Cuando me detuvieron, como primero pegan y después preguntan, me pegaron…”.
Desde BellumNostrum apostamos por un turismo educativo para entender el franquismo que ponga en el centro a quienes fueron borradas de los relatos oficiales. Nuestro objetivo es diseñar itinerarios de la memoria que permitan experimentar, sobre el terreno, cómo funcionaron los engranajes de la represión y la resistencia. En estas líneas nos detendremos en el papel de las mujeres encarceladas en Segovia: presas políticas, “mujeres caídas”, madres, militantes y supervivientes de un sistema de represión específicamente dirigida contra las mujeres”
Régimen disciplinario, vigilancia y castigo cotidiano
La cárcel de Segovia ocupa un lugar singular dentro del sistema represivo franquista porque su propia historia arquitectónica resume varias fases de la política penitenciaria española. El edificio se inauguró en 1924 como Reformatorio de Mujeres y, durante la II República, en 1933, fue transformado en Hospital Asilo Penitenciario dentro de la política reformista impulsada por Victoria Kent desde la Dirección General de Prisiones. Tras pasar también por su etapa como sanatorio penitenciario antituberculoso, el centro fue reconvertido oficialmente en Prisión Central de Mujeres de Segovia por Orden Ministerial de 24 de octubre de 1946.
Ese cambio no fue un detalle administrativo, sino una decisión política. La nueva prisión nació para aliviar la saturación de la cárcel de Ventas y para concentrar en Segovia a mujeres condenadas en consejos de guerra por haber luchado contra la dictadura o por su vinculación con organizaciones republicanas y antifranquistas. El traslado de reclusas procedentes de Madrid y de Palma de Mallorca terminó convirtiendo a Segovia en la cárcel de mujeres con mayor número de presas políticas del país, por delante de Málaga, Les Corts o incluso la propia Ventas. En 1952 albergaba 116 presas políticas, frente a las 61 registradas en Málaga, lo que confirma su centralidad dentro de la geografía penitenciaria femenina del franquismo.
“El motivo de detención fue el de miles y miles de gente que hemos estado en la cárcel, sinceramente: porque éramos jóvenes, no éramos franquistas ni mucho menos…”.
Por sus galerías pasaron algunas de las mujeres más conocidas de la resistencia antifranquista, como María Salvo, Soledad Real, Juana Doña, Manolita del Arco, Vicenta Camacho, Tomasa Cuevas o Palmira San Juan, junto a otras segovianas menos conocidas pero igualmente decisivas para reconstruir esta historia, como Consuelo García, Damiana Roldán, María Postigo o María Cuesta. Del mismo modo que la prisión de Burgos se convirtió en un símbolo para los presos políticos varones, la cárcel de Segovia desempeñó un papel equivalente para sus compañeras presas.
Muchas de aquellas mujeres eran casi adolescentes cuando fueron detenidas. Algunas fueron encarceladas por su militancia, otras por su vinculación familiar o política con el mundo republicano, y muchas por formar parte de una generación identificada como enemiga del nuevo régimen.
Como recordaba una de las protagonistas del documental Del olvido a la memoria. Presas de Franco: “El motivo de detención fue el de miles y miles de gente que hemos estado en la cárcel, sinceramente: porque éramos jóvenes, no éramos franquistas ni mucho menos…”.
La importancia de Segovia se entiende aún mejor si se observa el contexto penitenciario de la ciudad desde 1936. La sublevación militar provocó tal avalancha de detenciones que los espacios disponibles quedaron rápidamente desbordados: el Hospital Asilo Penitenciario, la Prisión Provincial, la antigua Cárcel Vieja reabierta por sus malas condiciones, las mazmorras del Alcázar, el convento de Sancti Spiritus e incluso otros recintos provisionales pasaron a integrarse en la red de encierro. La futura Prisión Central de Mujeres no fue, por tanto, una institución aislada, sino una pieza dentro de una amplia infraestructura de resistencia y represión levantada para castigar, clasificar y controlar a la población considerada enemiga.
El propio edificio ayuda a comprender esa función. Había sido construido como prisión-hospital y presentaba una estructura celular de tipo panóptico, con una rotonda acristalada desde la que se vigilaban tres galerías de dos plantas. Las dependencias eran frías, húmedas y austeras; solo se utilizaban habitualmente las galerías superiores, mientras que otras quedaban reservadas para castigos por sus malas condiciones. Esa arquitectura de vigilancia y aislamiento convierte hoy la cárcel en uno de los grandes lugares de memoria de la represión franquista en Castilla y León, y en un espacio fundamental para articular itinerarios de la memoria y propuestas de turismo educativo para entender el franquismo.
Coerción religiosa y control moral sobre las presas
Para comprender qué significó la Prisión Central de Mujeres de Segovia no basta con describir el edificio o enumerar a sus presas. Es necesario situarla dentro del modelo penitenciario creado por el franquismo, un sistema concebido como pieza central en la consolidación del Nuevo Estado. Las cárceles no fueron únicamente lugares de internamiento: formaron parte de una amplia maquinaria política destinada a castigar, clasificar y “reeducar” a quienes el régimen identificaba como enemigos de la Nueva España.
Tras la guerra, el universo penitenciario franquista quedó desbordado por la magnitud de la represión. A las miles de personas detenidas durante el conflicto se sumaron quienes fueron encarceladas por la jurisdicción especial de posguerra, articulada a través de leyes como la de Responsabilidades Políticas o la de Represión de la Masonería y el Comunismo. En ese contexto, la prisión se convirtió en un espacio donde se mezclaban jurisdicción militar, vigilancia estatal y tratamiento católico, de manera que el encierro ya no respondía solo a una lógica penal, sino también a una lógica ideológica y moral.
Ese modelo se resumía en una fórmula reveladora atribuida al director general de Prisiones, Máximo Cuervo: en los organismos penitenciarios debía presidir “la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco y la caridad de un convento”. La frase condensa con precisión el espíritu del sistema: autoridad militar, control burocrático y paternalismo religioso. En las prisiones de mujeres, esa última dimensión adquirió un peso especialmente intenso, porque el régimen no solo pretendía castigar ideas políticas consideradas peligrosas, sino también corregir comportamientos femeninos que se juzgaban desviados del ideal nacionalcatólico de esposa, madre y mujer sumisa.
La Prisión Central de Mujeres de Segovia respondía plenamente a esa lógica. Su dirección estaba encabezada por Víctor Adrián Ortega, acompañado por el administrador Jesús Rubio Rodríguez, el médico José Luis Canto Díaz y el capellán Fausto López Velicia. Junto a ellos desempeñaba un papel decisivo Asunción Guerra Redondo, superiora de las Hijas de la Caridad y directora adjunta, reflejo del protagonismo que las órdenes religiosas mantuvieron en el control cotidiano del penal. La presencia de las monjas no era accesoria ni meramente asistencial: formaba parte de la propia estructura de poder de la prisión.
Ese poder se ejercía, sobre todo, a través de la Junta de Régimen y Administración, el órgano máximo de cada prisión. En ella se integraban el director, el capellán, el maestro, el administrador y, en cárceles femeninas como Segovia, también la Madre Superiora. La Junta decidía cuestiones fundamentales de la vida de las presas: la adjudicación de castigos y recompensas, las propuestas de libertad condicional, los traslados, la respuesta a peticiones individuales y la asignación a talleres o “destinos”, es decir, a aquellos puestos de trabajo internos que podían reportar alguna gratificación o beneficios penitenciarios.
Muchas veces se ha explicado la represión femenina como si fuera una simple adaptación del modelo masculino, pero la realidad fue más compleja. Las cárceles de mujeres compartían con las de hombres la lógica del castigo político, la arbitrariedad disciplinaria y la utilización del trabajo como instrumento de control. Sin embargo, añadían un componente específico: el control moral del cuerpo, la sexualidad y la conducta de las reclusas. En ese sentido, la prisión femenina no fue una variante menor del sistema, sino un espacio donde el franquismo desplegó de forma especialmente visible su proyecto de dominación sobre las mujeres.
Comprender Segovia desde esta perspectiva permite romper con una idea todavía extendida: la de que las cárceles de mujeres fueron instituciones secundarias o más benignas. Al contrario, en ellas se cruzaban represión política, disciplina religiosa, jerarquía asistencial y vigilancia sobre la feminidad. Por eso, cuando hoy incorporamos este espacio a itinerarios de la memoria o a propuestas de turismo educativo para entender el franquismo, no estamos hablando solo de una prisión más, sino de un lugar donde se puede observar con especial claridad cómo la dictadura quiso castigar a las mujeres no solo por lo que habían hecho, sino también por lo que eran y por lo que se negaban a ser.
Salud, alimentación y condiciones de vida en la cárcel
La vida cotidiana en la Prisión Central de Mujeres de Segovia estaba organizada hasta el último detalle por el régimen disciplinario, es decir, por el conjunto de normas que regulaban horarios, desplazamientos, actividades, castigos y relaciones con el exterior. En teoría, ese régimen respondía al Reglamento Penitenciario; en la práctica, durante la dictadura franquista se convirtió en un sistema centrado sobre todo en los deberes de las presas y en la imposición de sanciones por cualquier gesto considerado inadecuado. La cárcel no funcionaba solo como un espacio de encierro, sino como una máquina de vigilancia permanente donde el tiempo, el cuerpo y la conducta quedaban sometidos a una regulación constante.
La arquitectura del edificio reforzaba esa lógica. La prisión estaba organizada como una moderna estructura celular de tipo panóptico, con una rotonda central desde la que se vigilaban las galerías. Las dependencias eran austeras, húmedas y frías, y las propias fuentes describen las galerías como espacios “desprovistos de todo”. Algunas zonas ni siquiera se utilizaban para la vida ordinaria, sino que quedaban reservadas para castigos por sus malas condiciones de habitabilidad. El espacio, por tanto, no era neutral: también formaba parte del castigo.
El ingreso en prisión dejaba en muchas mujeres una impresión imborrable. El ruido de los cerrojos, la clausura de la celda y la visión de un espacio regido por el miedo provocaban una sensación de ruptura definitiva con la vida anterior. Como recordaba una de las supervivientes del documental Del olvido a la memoria. Presas de Franco, “cuando entré allí ya creí que no iba a salir nunca de allí”. Esa percepción de encierro absoluto no era una exageración emocional, sino la consecuencia lógica de un sistema pensado para quebrar la autonomía individual y hacer sentir a las presas que su destino dependía por completo de una autoridad arbitraria.
“Cuando entré allí ya creí que no iba a salir nunca de allí”.
Las faltas podían ser denunciadas por cualquier funcionaria o por las propias monjas de la prisión, y daban lugar a una amplia escala de sanciones: pérdida de comunicaciones orales y escritas, privación de otra comida que no fuera la reglamentaria, aislamiento en celda, ayuno a pan y agua en días alternos, pérdida de días redimidos e incluso retención de la salida en libertad condicional. El castigo no se limitaba, por tanto, al sufrimiento inmediato: afectaba también a la esperanza de salir antes de prisión, convirtiendo la disciplina en un mecanismo de control del futuro.
A esa presión reglamentaria se sumaban unas condiciones materiales muy duras. Las presas vivían hacinadas en un ambiente descrito como irrespirable, esperando con ansiedad los momentos de patio para poder respirar aire fresco. Incluso en un centro que había sido prisión-hospital y sanatorio antituberculoso, la función sanitaria no garantizaba una atención adecuada. Algunas reclusas procedentes de otras cárceles denunciaron que la Prisión Central de Mujeres había sido habilitada “sin la más absoluta medida de desinfección”, y que el médico utilizaba con las presas sanas los mismos instrumentos con los que analizaba sangre o esputos de las enfermas. La asistencia médica era muy limitada y se reducía, en la práctica, a recetar aspirina, bicarbonato, alcalinos y, en casos extremos, inyecciones de calcio o hierro.
La alimentación formaba parte de ese mismo paisaje de precariedad. El hambre de la posguerra, prolongada por la política autárquica del régimen, se dejó sentir con especial crudeza en las prisiones. La ración oficial era insuficiente, pobre en grasas y nutrientes, y obligaba a depender de los paquetes enviados desde el exterior. Las familias hacían enormes esfuerzos para mandar pan, castañas, aceite, tocino, frutos secos, miel, membrillo, jabón o cepillos de dientes, pero no todas las presas podían contar con ese apoyo. La desigualdad económica de fuera continuaba así dentro de la cárcel.
Precisamente por eso, las presas desarrollaron formas de solidaridad que fueron esenciales para sostener la vida cotidiana. Desde los primeros meses del franquismo se organizaron comunas en las que las reclusas que recibían suficiente compartían sus recursos con aquellas que tenían menos o no recibían nada. A través de estas redes de apoyo se redistribuían alimentos, dinero y compras del economato, convirtiendo el auxilio mutuo en una forma práctica de resistencia frente a la escasez impuesta. Una de las testigos del documental lo resumía con una frase sencilla y reveladora: “Lo que se recibía no era tuyo, era de todas”.
Las comunicaciones con el exterior también estaban rigurosamente reguladas. Las presas disponían de dos comunicaciones escritas al mes, solo con familiares, y podían mantener correspondencia con un novio únicamente si lo autorizaba el capellán o el cura del pueblo de origen. Todas las cartas, tanto de entrada como de salida, debían entregarse abiertas, porque pasaban por la censura política y religiosa del maestro de la cárcel, que podía tachar, ocultar o prohibir partes enteras del texto. Las visitas orales, semanales, se realizaban en locutorios donde las presas y sus familiares quedaban separados por un pasillo enrejado bajo vigilancia. Incluso el afecto y la intimidad familiar estaban sometidos a la lógica del control.
Más allá del trabajo reglamentario, muchas mujeres realizaban también labores por su cuenta para venderlas en el exterior y obtener algo de dinero con el que comprar productos básicos en el economato. Tejían ajuares, prendas o piezas de punto a precios bajos para familias del régimen, a menudo prolongando la labor más allá del toque de silencio. En algunos casos, esos mismos cuadernos de patrones servían para esconder mensajes políticos cifrados, de modo que incluso la costura —actividad asociada convencionalmente a la domesticidad femenina— podía convertirse en un soporte de comunicación clandestina.
Todo ello permite entender que la vida diaria en la cárcel de Segovia no se reducía a un encierro pasivo. Era, al mismo tiempo, un espacio de humillación material, de vigilancia continua y de invención de estrategias para sobrevivir física y emocionalmente. En esa tensión entre disciplina y apoyo mutuo, entre escasez y comunidad, se construyó buena parte de la experiencia femenina del encarcelamiento franquista, una experiencia que hoy resulta esencial para cualquier propuesta de turismo educativo para entender el franquismo o de itinerarios de la memoria centrados en la prisión de Segovia.
Coerción religiosa y control moral sobre las presas
La represión franquista no se sostuvo únicamente sobre la violencia militar, la burocracia judicial o el encierro penitenciario. También se apoyó en una profunda fusión entre política y religión que convirtió la cárcel en un espacio de corrección moral. Los sublevados interpretaron el golpe de Estado y la guerra como una Cruzada destinada a restaurar un orden supuestamente perturbado por la II República, y esa visión impregnó la legislación, la cultura política y la vida cotidiana en prisión. Toda ideología ajena al nuevo orden era presentada como un pecado y, al mismo tiempo, como un delito. La cárcel debía servir, por tanto, no solo para castigar, sino para llevar a las reclusas al arrepentimiento, la obediencia y la renuncia a sus ideas pasadas.
En las prisiones de mujeres, este proyecto adquirió una intensidad particular. Las autoridades penitenciarias no buscaban solo la sumisión política de las presas, sino también su reconducción moral hacia el ideal femenino del nacionalcatolicismo. La mujer republicana, militante, obrera, laica o simplemente no sometida al modelo de esposa y madre católica, era vista como una figura desviada a la que había que corregir. En este sentido, la cárcel femenina actuó como un espacio de castigo y, al mismo tiempo, como un laboratorio de disciplinamiento del cuerpo, la conciencia y la conducta.
La actividad del capellán ocupaba un lugar central en ese sistema. En Segovia, Fausto López Velicia no era un actor secundario dentro de la prisión, sino una autoridad con capacidad de influir en la vida cotidiana, en la clasificación de las presas y en la lógica de su supuesto “mejoramiento espiritual”. La misa dominical era obligatoria y se oficiaba desde la rotonda central hacia las tres galerías, aunque el propio capellán reconocía que era materialmente imposible que todas pudieran oírla al mismo tiempo. Para compensarlo, propuso conferencias religiosas semanales diferenciadas según los grupos de presas, en una estrategia que buscaba adaptar la predicación a la “índole” y a las disposiciones de cada una. La antigua sala de confección acabaría convertida en capilla, un gesto que simboliza bien cómo el espacio penitenciario se reordenaba también en clave religiosa.
La participación en los ritos era observada, registrada y valorada como un índice de claudicación política. La gran victoria que perseguían las autoridades era que las presas, muchas de ellas ateas o alejadas de la práctica religiosa, participaran en las manifestaciones de culto. Entre los objetivos más importantes figuraba el cumplimiento pascual, es decir, la comunión por Pascua de Resurrección. Su aumento progresivo fue interpretado como un triunfo del aparato penitenciario y dio lugar incluso a felicitaciones formales al capellán: en 1949 había comulgado el 61 por ciento de la población reclusa; en 1950, el 70 por ciento; en 1954, cerca del 80 por ciento; y en 1957, cuando ya apenas quedaban presas políticas, el 95 por ciento. Aquellas cifras se presentaban como prueba de la eficacia reformadora del sistema, cuando en realidad hablaban también de coerción, desgaste y adaptación forzada.
La religión impregnaba además los ritmos festivos y simbólicos del calendario carcelario. Las Navidades servían como propaganda de la supuesta magnanimidad del régimen, y el día de Reyes se repartían juguetes y golosinas a los hijos e hijas de las presas. Durante los viernes de Cuaresma se rezaba el Vía Crucis en el interior de la prisión, salvo en 1949, cuando la huelga de hambre obligó a suspenderlo. También los bautizos de los hijos de las presas eran celebrados como triunfos espirituales de la institución. En junio de 1949, por ejemplo, el bautismo del hijo de Carmen Pigueira fue recogido por la Junta como una ocasión para felicitar al capellán por su labor religiosa, al interpretar la asistencia masiva como una exteriorización de los sentimientos católicos de la población reclusa.
Pero la coerción religiosa no se limitaba a ceremonias y estadísticas. Alcanzaba también el cuerpo, la enfermedad y la muerte. La madre superiora conocida como “La Cinturilla” llegó a prohibir medicamentos recetados por el médico a una joven gravemente enferma de meningitis por haber rechazado recibir la extremaunción, negándole incluso una bolsa de hielo que sus compañeras pedían para aliviar la fiebre. Este episodio muestra con especial crudeza hasta qué punto la moral religiosa podía imponerse por encima del cuidado más elemental. La salud no se concebía como un derecho, sino como un terreno subordinado a la obediencia espiritual.
Esa subordinación se reflejaba también en prácticas más cotidianas. El acceso a determinados favores, materiales o pequeños alivios dependía a veces de la disposición a colaborar, delatar a otras presas o adoptar una conducta considerada ejemplar por las autoridades. La religión, en ese contexto, no funcionaba solo como creencia, sino como una tecnología de poder capaz de modelar comportamientos, premiar sumisiones y castigar resistencias.
Una de las testigos del documental Del olvido a la memoria. Presas de Franco lo expresó con claridad al recordar cómo la formación religiosa podía condicionar incluso la documentación necesaria para obtener la libertad condicional:
“No se saben el catecismo, entonces no les voy a hacer el documento para que les den la libertad condicional”.
La frase resulta estremecedora por su sencillez. Resume de forma casi perfecta el funcionamiento de la cárcel nacionalcatólica: la salvación administrativa y la salvación espiritual se entrelazaban hasta hacerse indistinguibles.
La coerción religiosa en la prisión de Segovia no debe entenderse, por tanto, como un complemento decorativo del sistema represivo, sino como una de sus piezas fundamentales. A través de misas obligatorias, catequesis, bautizos, estadísticas de comunión, presión moral y control sobre la enfermedad, la dictadura convirtió el encierro femenino en un espacio donde se pretendía reformar a las mujeres desde dentro: no solo castigarlas por su pasado político, sino también reconstruirlas según el ideal de obediencia, domesticidad y fe que el franquismo consideraba legítimo.
Comprender esta dimensión es imprescindible para cualquier aproximación crítica a la cárcel de Segovia como lugar de memoria y como escenario de una represión específicamente dirigida contra las mujeres, en continuidad con otras instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer.
Trabajo penitenciario, labores y economía de supervivencia
El trabajo ocupó un lugar central en el sistema penitenciario franquista, no solo como forma de organización interna de las cárceles, sino como uno de los principales instrumentos de castigo, explotación y control ideológico. En 1938 se creó el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, dependiente de la Dirección General de Prisiones, con la finalidad de permitir a los presos y presas acortar sus condenas mediante el trabajo o determinadas actividades culturales y deportivas. Presentado como una solución “cristiana, jurídica y política” al llamado problema penitenciario, este sistema convertía la condena en un proceso de expiación: las reclusas debían redimirse ante Dios y ante España trabajando para el Estado o para el correcto funcionamiento de la prisión.
La lógica era aparentemente simple. Por cada dos días trabajados se descontaba uno de condena, aunque la remuneración económica era mínima y parte de ella se detraía para sufragar la propia manutención. Lo que en apariencia podía presentarse como una oportunidad no puede desligarse del contexto represivo que lo hacía posible: aquellas largas condenas se imponían por militar en organizaciones obreras, defender la legalidad republicana o sostener ideas que en una democracia formarían parte del ejercicio ordinario de los derechos políticos y sindicales.
En la Prisión Central de Mujeres de Segovia, el trabajo cumplía varias funciones a la vez. Permitía llenar unas jornadas marcadas por el vacío y la vigilancia, generaba pequeños ingresos y ofrecía la posibilidad de redimir tiempo de condena. Pero también insertaba a las presas en una economía penitenciaria de muy bajo coste al servicio de la propia institución y de entidades estatales. En 1952 se estableció en Segovia un taller de patronaje y confección de uniformes para el Ejército de Aviación que empleaba a unas cincuenta mujeres, y en 1954 RENFE encargó paños “a punto de aguja” para cubrir los respaldos de los vagones. El trabajo de las presas quedaba así integrado en el funcionamiento material del franquismo, incluso cuando se presentaba como una actividad regeneradora o asistencial.
Junto a los talleres existían los llamados destinos, es decir, los puestos de trabajo internos asignados por la Junta de Régimen y Administración. Cocina, economato, escuela, limpieza, oficina o mantenimiento eran algunos de esos espacios donde las presas podían obtener ciertos beneficios penitenciarios o una pequeña gratificación. En una cárcel masificada y atravesada por el control burocrático, estas tareas eran indispensables para el funcionamiento diario del penal, y el sistema las convertía en una pieza más del disciplinamiento.
Sin embargo, para las presas políticas el trabajo no fue nunca una cuestión sencilla. Aceptar la redención significaba aprovechar una posibilidad real de reducir condena y de mejorar mínimamente las condiciones materiales, pero también planteaba un conflicto ético: ¿trabajar para la cárcel implicaba colaborar con el mismo régimen que las había condenado? El debate fue intenso, especialmente entre las militantes comunistas, y ocupó discusiones colectivas en el interior de la prisión. Finalmente, muchas llegaron a una posición de compromiso: se podía aceptar la redención como una estrategia de supervivencia, siempre que se rechazara la colaboración en espacios de propaganda explícita, como el periódico Redención, o en actos religiosos organizados por la institución. La formulación de Tomasa Cuevas resume bien esa tensión: “debíamos trabajar o moríamos”.
Esta dimensión política del trabajo es fundamental para evitar lecturas simplistas. No se trataba solo de explotación económica, ni solo de resignación. Para muchas reclusas, trabajar fue una forma de soportar el paso del tiempo, conseguir algún recurso y acercar la salida de prisión, sin que eso significara aceptar la legitimidad del sistema. La cárcel obligaba constantemente a moverse en esa zona gris donde supervivencia y resistencia no siempre podían separarse con nitidez.
Al margen del trabajo reglado por la institución, muchas presas desarrollaron además una economía propia basada en labores realizadas por su cuenta. Tejían jerséis, ajuares de boda y otras piezas de punto que se vendían fuera de la cárcel, a menudo a familias burguesas o vinculadas al régimen, por un precio menor que el del mercado. Ese dinero permitía comprar productos esenciales en el economato. La actividad se prolongaba en ocasiones más allá del toque de silencio, y algunas funcionarias toleraban esas horas extra si las internas se habían “portado bien”. Así, incluso una práctica aparentemente doméstica y femenina como la costura quedaba insertada en la lógica penitenciaria del premio, la necesidad y el control.
Pero esas labores no solo generaban ingresos. También podían servir para burlar la vigilancia. Manolita del Arco, que trabajaba en la oficina, llevaba cuadernos con patrones explicados mediante claves para hacer punto; entre esas instrucciones podían esconderse mensajes de contenido político cifrado. En más de una ocasión las funcionarias requisaron estos materiales al sospechar que contenían comunicación clandestina. El detalle resulta muy revelador: incluso en los espacios más ligados a la feminidad tradicional, las presas encontraban resquicios para mantener vínculos políticos, transmitir información y sostener formas discretas de resistencia.
Trabajo, redención y labores fueron, por tanto, mucho más que una dimensión económica de la cárcel. Constituyeron un terreno donde se enlazaban diversos elementos como el castigo, las necesidades fisiológicas, la ideología y la solidaridad femenina. En la prisión de Segovia, trabajar podía significar obedecer, sobrevivir, resistir, negociar o intentar salir antes; muchas veces, varias de esas cosas a la vez.
Comprender esa complejidad es esencial para integrar este episodio en una lectura más amplia de la represión franquista y en propuestas de turismo educativo para entender el franquismo que no reduzcan la experiencia de las presas ni al victimismo pasivo ni a una épica simplificada.
Cultura política, solidaridad y formas de resistencia
La cárcel franquista fue concebida como un espacio de castigo y adoctrinamiento, pero en lugares como Segovia también se convirtió, contra la voluntad de las autoridades, en un espacio de aprendizaje, organización y transmisión política entre mujeres. El régimen intentó imponer su discurso mediante la lectura del parte oficial, la intervención del capellán, la acción de las religiosas y la censura constante de libros, cartas y conversaciones. Sin embargo, muchas presas transformaron ese entorno hostil en un escenario de formación, en el que leer, enseñar, debatir o recordar se convirtieron en formas de resistencia.
La existencia de una pequeña biblioteca formaba parte de la vida penitenciaria, aunque sus fondos eran escasos y estaban severamente limitados por la depuración ideológica aplicada tras la guerra. Los libros adquiridos en época republicana, como ocurrió en tantas otras bibliotecas públicas, habían sido expurgados, y la selección disponible respondía al horizonte moral y político del régimen. Aun así, las presas mostraron un notable interés por estudiar y aprender fuera de los márgenes permitidos, buscando resquicios para acceder a otras lecturas, compartirlas y comentarlas colectivamente.
En ese proceso resultó decisivo el papel de las maestras encarceladas. La escuela de la prisión fue organizada en la práctica por Mercedes Coto y por otras docentes como Enriqueta Otero, que asumieron como objetivo prioritario la alfabetización de las compañeras. No se trataba solo de enseñar a leer y escribir. En un contexto donde muchas mujeres recibían noticias devastadoras desde el exterior, saber leer significaba poder comprender una carta, conocer el contenido de una resolución, enterarse de una denegación de indulto o enfrentarse a una sanción con un mínimo de autonomía. La escuela era, por tanto, un espacio de conocimiento, pero también de dignidad y apoyo emocional.
También los cuadros artísticos formaron parte de esta apropiación del espacio penitenciario. Las autoridades y el capellán trataban de orientar estas actividades hacia contenidos religiosos o edificantes, pero las mujeres intentaban darles un sentido propio. En 1954 desarrollaron el llamado Cuadro Asturias, con una estética aparentemente folklórica, aunque su elección encerraba una clara inspiración política y revolucionaria. En un entorno donde toda expresión estaba vigilada, incluso una actuación o una representación podían convertirse en una forma codificada de afirmar identidades, afinidades y memorias compartidas.
La actividad política cotidiana no se limitaba a grandes gestos heroicos. A menudo se orientaba a resolver problemas colectivos muy concretos: mejorar la calidad de la comida, defender la higiene mínima, proteger la correspondencia, reclamar un trato menos arbitrario o conseguir pequeñas mejoras materiales. Entre esas reivindicaciones estuvieron la apertura de una celda por galería para utilizarla como retrete, con el compromiso de limpiarla por turnos, o el mantenimiento de la cocina del economato tras su cierre. Estas conquistas pueden parecer menores, pero muestran hasta qué punto las presas pensaban políticamente incluso las condiciones más elementales de la vida diaria.
La cultura política de Segovia se apoyó también en la solidaridad material y en la circulación de mensajes. Como ocurría con los paquetes, las comunas o los cuadernos de labores con claves, la transmisión de información dependía de una confianza mutua cuidadosamente construida. Aprender, leer, escuchar, escribir o recordar eran acciones que ayudaban a sostener la cohesión del grupo y a impedir que el encierro deshiciera del todo los vínculos políticos previos.
Por eso, al hablar de la cárcel de Segovia, no basta con verla como un lugar de sufrimiento. También fue un espacio donde muchas mujeres se formaron, se politizaron más intensamente o encontraron herramientas para interpretar lo que les estaba ocurriendo. La represión quiso reducirlas al silencio, pero ellas convirtieron la prisión en una escuela no prevista por el régimen: una escuela de lectura, de apoyo mutuo y de resistencia. Integrar esta dimensión en los itinerarios de la memoria permite mostrar que la historia de las presas no se explica solo desde el dolor, sino también desde su capacidad para producir cultura política, pensamiento crítico y comunidad en medio del encierro.
La huelga de hambre de 1949: cuando la cárcel se convierte en frente de lucha
La historia de la Prisión Central de Mujeres de Segovia no puede entenderse solo a través de sus rutinas, sus castigos o sus mecanismos de control. Hubo momentos en los que la cárcel se convirtió abiertamente en un escenario de confrontación política, y ninguno resulta tan significativo como la huelga de hambre de enero de 1949. Aquel episodio mostró hasta qué punto las presas eran capaces de organizarse colectivamente, coordinar sensibilidades políticas distintas y aprovechar una oportunidad concreta para denunciar las condiciones del penal.
En los primeros días de ese año, las reclusas supieron que el centro recibiría una visita importante. El 25 de enero llegó a Segovia M. Klinfel, una abogada chilena que realizaba un viaje de estudios sobre los regímenes penitenciarios europeos, acompañada por María Topete, directora de la Prisión de Madres Lactantes de Madrid. Las presas interpretaron la visita como una ocasión excepcional para romper el cerco de silencio que pesaba sobre la cárcel y preparar una intervención política. Comunistas, socialistas y anarquistas crearon un Comité de Enlace, acordaron qué deficiencias debían denunciarse y designaron a las mujeres que actuarían como portavoces.
La escena tuvo lugar en la tercera galería. Pilar Claudín comenzó relatando algunas carencias del penal, y después Mercedes Gómez Otero respondió con una franqueza que alteró por completo el guion institucional de la visita. Cuando Klinfel le preguntó por qué estaba presa, contestó: “por luchar contra el régimen de Franco”. A continuación enumeró varios problemas del centro: jeringuillas sin esterilizar, váteres sin agua corriente, ropa amontonada en las rejas y sábanas que solo habían aparecido aquel día para causar buena impresión. Añadió, además, que si la visitante quería conocer de verdad la situación de España debía acudir a los hogares obreros y no quedarse con la versión ofrecida por las autoridades.
El diálogo se fue tensando rápidamente. Klinfel respondió que conocía Europa y que España era el país donde mejor se vivía; Mercedes replicó que todo parecía funcionar bien en una visita guiada y añadió que llevaba cuatro años presa, mientras otras compañeras llevaban diez. También dejó claro que no podía hablar libremente delante de las autoridades, aunque estaba dispuesta a responder sin pensar en lo que pudiera ocurrir al día siguiente. El capellán intervino entonces para recriminarle sus palabras y advertirle de que en un régimen comunista la fusilarían por decir algo semejante; Mercedes contestó con una frase cargada de lucidez y amenaza: “no sabemos lo que pasará esta noche cuando se vaya esta señora”. En ese momento, la visita quedó interrumpida y el director dio por terminada la inspección.
La reacción de las autoridades fue inmediata. La Junta de Régimen convocó una sesión extraordinaria y decidió atribuir toda la responsabilidad a Mercedes Gómez Otero, negando deliberadamente el carácter colectivo de la protesta. El objetivo era evidente: evitar que la acción de las presas se interpretara como una muestra de organización política capaz de poner en cuestión el gobierno del penal ante instancias superiores. A Mercedes se le impuso el castigo más grave: reclusión en celda de castigo por tiempo ilimitado, una medida además antirreglamentaria, ya que la duración de la sanción debía constar expresamente.
Al día siguiente, aprovechando la hora de la siesta, las funcionarias intentaron ejecutar el castigo. La respuesta de las compañeras fue inmediata y desencadenó la huelga de hambre. Lo que había empezado como una acción cuidadosamente preparada para denunciar las condiciones de la prisión se transformó así en una protesta abierta contra la represión interna y contra la arbitrariedad de la dirección. La huelga se prolongó hasta el 30 de enero, tal y como había previsto el Comité de Enlace.
Las consecuencias fueron muy duras. Tras encerrar a las amotinadas, las funcionarias, acompañadas de algunas presas comunes, las cachearon y requisaron todas sus pertenencias de las celdas, arrojándolas al patio antes de almacenarlas; según los testimonios de las propias reclusas, parte de esos objetos personales ya no les fue devuelta. La Junta de Régimen acordó además un castigo colectivo de incomunicación total, tanto oral como escrita, el cierre del economato, la supresión de los paseos, la prohibición de recibir encargos y la suspensión de las labores manuales. También propuso retirar el tiempo ya redimido y el derecho a seguir redimiendo a las presas consideradas insubordinadas que desempeñaban destinos dentro del penal.
Salir sin ser libres: indultos, libertad vigilada y destierro
La salida de la cárcel no significaba recuperar la libertad. En el universo penitenciario franquista, el indulto, la libertad condicional y la llamada libertad vigilada formaban parte de un mismo sistema de control que prolongaba el castigo fuera de los muros del penal y obligaba a las presas a seguir sometidas a la tutela política, moral y policial del régimen.
La dictadura presentó los indultos como una muestra de benignidad y de magnanimidad del Caudillo, pero en realidad los articuló sobre una lógica humillante de sometimiento. Desde los primeros años del franquismo, a quienes habían sufrido la represión se les exigía expresar por escrito su arrepentimiento por la militancia política, la defensa de la legalidad republicana o la participación en organizaciones obreras, de modo que el perdón no apareciera como un derecho, sino como una gracia concedida desde arriba. El indulto, por tanto, no borraba la violencia anterior, sino que la reformulaba en términos morales: solo podía aspirar a salir quien aceptara escenificar su culpa ante el propio régimen que la había castigado.
“Y luego la vida en la calle no era mejor…”
A esa lógica se sumaba el funcionamiento de la libertad condicional. El acceso a ella dependía de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, pero esa fecha podía retrasarse tanto como quisieran las autoridades si bloqueaban o paralizaban la redención de penas. Las sanciones disciplinarias tenían aquí un peso decisivo: dos meses de paralización para faltas leves, seis para las graves y un año para las muy graves, como la huelga de hambre, de modo que el castigo impuesto dentro de la prisión seguía teniendo efectos directos sobre la fecha de salida. Por eso, incluso cuando una presa parecía acercarse al final de su condena, cualquier expediente disciplinario podía devolverla hacia atrás y prolongar de forma muy concreta su tiempo de encierro.
Fuera del penal, el control continuaba a través de las Juntas de Libertad Vigilada. El propio nombre de estas juntas revela su función: no acompañar una reintegración libre en la vida civil, sino supervisar, vigilar y condicionar la existencia de las liberadas. En ellas estaban representadas instituciones como la Audiencia Provincial, el Gobierno Civil, la Comisaría de Policía, la prisión provincial, la Diputación y la Falange, y en el ámbito local se sumaban los ayuntamientos, la Guardia Civil y la propia Falange. A ese control oficial se añadía además la presión social de las llamadas gentes de orden, especialmente asfixiante en pueblos y pequeñas ciudades, donde el señalamiento podía convertirse en una forma cotidiana de castigo.
La libertad, así, quedaba reducida a una situación de vigilancia permanente. En los años cuarenta, la actividad guerrillera sirvió de argumento para restringir todavía más los movimientos de las liberadas, que quedaban obligadas a residir en una localidad determinada y a no salir de ella, además de hacerlo bajo el amparo de un patrocinador cuya propia libertad podía verse comprometida. La salida de prisión implicaba, por tanto, una nueva dependencia: la mujer ya no estaba entre rejas, pero seguía sometida.
Sin embargo, ni siquiera ese dispositivo garantizó la desmovilización completa. Un buen número de desterradas consiguió contactar con organizaciones políticas y sindicales en sus nuevos lugares de residencia y se reincorporó a la lucha clandestina, lo que en algunos casos condujo a nuevas detenciones. Ese dato revela algo esencial: el franquismo podía prolongar el castigo más allá de la prisión, pero no siempre conseguía quebrar la identidad política ni la voluntad de resistencia de aquellas mujeres.
Devolver el rostro a las mujeres de la cárcel de Segovia
Escribir sobre la cárcel de Segovia no consiste solo en describir un edificio, un reglamento disciplinario o una cadena de castigos. También exige devolver el nombre, la voz y la presencia a las mujeres que fueron encerradas allí, porque el sistema penitenciario franquista no buscó únicamente privarlas de libertad, sino también borrar su individualidad y reducirlas a la condición anónima de reclusas. Recuperar sus rostros significa, por tanto, romper ese segundo castigo: el del olvido.
Sabemos hoy que en la Prisión Central de Mujeres de Segovia coincidieron algunas de las presas políticas más significativas de la posguerra, entre ellas Josefina Amalia Villa, María Salvo, Soledad Real, Juana Doña, Manolita del Arco, Vicenta Camacho, Tomasa Cuevas y Palmira San Juan, junto a segovianas como Consuelo García, Damiana Roldán, María Postigo o María Cuesta. Sus trayectorias no fueron idénticas, pero todas quedaron atravesadas por una misma experiencia de represión, vigilancia y resistencia en el interior de la cárcel. Nombrarlas una a una no es un gesto menor: es una forma de restituir la densidad humana de una historia que demasiadas veces se ha contado en abstracto.
Las imágenes conservadas permiten, además, acercarse a esa restitución de manera especialmente poderosa. Las fichas penitenciarias de mujeres como Dolores Romo Hurtado o Mercedes Coto muestran cómo el archivo franquista las clasificó, registró y convirtió en expediente, pero al mismo tiempo hoy nos ofrecen un punto de partida para devolverles individualidad e historia. Algo semejante ocurre con los retratos de Mercedes Gómez Otero, Josefa Beneyto y Carmen Orozco, o con la fotografía colectiva de 1947 en la que aparecen Faustina Romeral, Pilar Claudín, María Salvo, Antonia García, Juana Doña, Vicenta Camacho, Elisa Delibes y otras compañeras. Allí donde el aparato represivo quiso producir cuerpos disciplinados y silenciosos, esas imágenes nos devuelven miradas concretas, biografías compartidas y una memoria coral de la prisión.
Pero devolver el rostro no significa solo identificar a las mujeres que aparecen en las fotografías. Significa también reconocer lo que hicieron dentro de la cárcel: organizar la escuela, leer cartas a quienes no sabían leer, sostener una biblioteca clandestina, defender espacios de sociabilidad y cultura política, articular protestas colectivas y enfrentarse a castigos que iban desde la celda de aislamiento hasta la paralización de la libertad condicional. En Segovia, muchas de estas mujeres no fueron únicamente víctimas de un sistema represivo, sino también sujetos activos capaces de crear redes de apoyo, transmitir saberes y convertir la prisión en otro escenario de lucha contra la dictadura.
“El olvido no; el olvido es querer separar una parte de tu vida.”
Desde la perspectiva de BellumNostrum, este tipo de espacios permiten unir una divulgación rigurosa a una experiencia directa sobre el terreno, convirtiendo el patrimonio represivo en una herramienta de educación, reflexión y diálogo. Visitar, interpretar y explicar lugares como la cárcel de Segovia no es solo una forma de conservar el pasado, sino también de activar preguntas incómodas sobre la violencia institucional, el control sobre los cuerpos femeninos y los silencios heredadosde generación en generación. Ahí reside precisamente su valor como itinerario de memoria histórica y como recurso de turismo educativo con sentido ético, didáctico y social.
Devolver el rostro a las mujeres de la cárcel de Segovia es, en último término, devolverles también un lugar en la historia pública. Significa reconocer que no fueron figuras pasivas de la represión, sino protagonistas de una experiencia política y humana que todavía interpela nuestro presente. Y significa, sobre todo, asumir que mientras estos lugares de memoria no se expliquen con profundidad, rigor y humanidad, la democracia seguirá teniendo una deuda pendiente con quienes fueron castigadas, silenciadas y expulsadas incluso después de salir de prisión.
Visitar hoy la cárcel de mujeres de Segovia se convierte en un enclave esencial para comprender la represión franquista contra las mujeres, la vida en prisión durante la posguerra y los mecanismos de control moral, político y social ejercidos por la dictadura. Su estudio y su difusión ayudan a convertir este espacio en uno de los grandes lugares de memoria del franquismo desde una mirada centrada en las grandes olvidadas: las mujeres.
